“En Ecuador, una madre soltera, analfabeta, que transporta unos gramos de droga para mantener a sus hijos puede acabar más años en la cárcel que un asesino”, dijo hoy Coletta Youngers, asesora principal al programa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), al presentar en Quito los resultados del estudio resultados de Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina.

“Esto es una injusticia, pero también es inefectivo: los hijos quedan en la calle posiblemente delinquiendo y ella con antecedentes penales que le impide después tener empleo, lo que fomenta la reincidencia. Mientras tanto, por estarla persiguiendo a ella, los policías dejaron de perseguir a los sicarios que matan a sangre fría”, agregó Coletta Youngers, quien asiste al foro “Políticas de drogas y seguridad ciudadana: enfrentando el reto en Ecuador”, que se realiza en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

El estudio dirigido por el Transnational Institute (TNI) y WOLA nota que Ecuador tiene una de las peores leyes de drogas porque no distingue entre los diferentes niveles de involucramiento en el tráfico y tiene sentencias desproporcionadas a los delitos cometidos. La ley es tan incongruente –según WOLA en un comunicado- que una persona que porta unos pocos gramos de marihuana puede acabar cumpliendo una sentencia igual que una persona acusada de transportar kilos de cocaína.

Además –se señala-, potencialmente, un ofensor de drogas menor puede recibir una pena de 25 años, mayor a cualquier otro delito bajo la ley ecuatoriana (la sentencia máxima por homicidio es de 16 años). Además en la práctica, las policías, los tribunales y las cárceles están principalmente ocupados con los ofensores menores de drogas, comprometiendo los recursos necesarios para llevar a cabo la batalla más difícil, que es la persecución de los sicarios y líderes del tráfico.

El texto es un estudio comparativo de ocho países latinoamericanos y encuentra que aquellos que están encarcelados por delitos de drogas tienden a ser individuos portando pequeñas cantidades de droga, en muchos casos consumidores, transportistas menores o vendedores callejeros no violentos, en vez de los sicarios o líderes del narcotráfico que están detrás de la violencia que aqueja a las sociedades.

“En el continente, la estrategia de seguridad ha sido hacer uso de una fuerza indiscriminada, y no de políticas estratégicas e integrales”, dijo Geoff Thale, director de programas de WOLA. “Por lo general, los gobiernos prefieren las políticas de ‘mano dura’ porque son populares, sin embargo éstas vienen con un alto costo político, pues eventualmente la ciudadanía se da cuenta de que no funcionan y culpan a los funcionarios del fracaso y falta de seguridad”.

Thale también participa en el foro que se realiza en Quito junto a otros expertos internacionales como Pien Metaal, investigadora del Instituto Transnacional (TNI); Ricardo Soberón, director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (Ciddh); Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia); Diego Giacoman, Sandra Edwards, entre otros.

En el comunicado de WOLA se precisa que el tema de la seguridad ciudadana es de suma preocupación para América Latina.  “Muchos gobiernos han optado por responder a esta preocupación con políticas de ‘mano dura’ y han fracasado en reducir el crimen. Por ejemplo, El Salvador implementó políticas de mano dura por siete años (del 2003 al 2009) y la tasa de homicidio creció constantemente de aproximadamente 42 a 72 por cada 100 000 habitantes. Hace un año aproximadamente, El Salvador empezó a optar por políticas más integrales, y ya comenzó a notar resultados, la tasa de homicidio bajó aproximadamente de 74 a 66 por cada 100 000 habitantes”.

“El modelo de El Salvador muestra que lo que funciona es enfocarse en 4 puntos  clave: prevención del delito, mejoramientos en prácticas policiales como la capacidad de investigación, reformas a los sistemas carcelarios para mejorar la rehabilitación y mecanismos para atacar la corrupción en las instituciones”, señaló WOLA en el comunicado.

“La reforma a la ley de drogas en Ecuador, tal como se venía proponiendo, podría ayudar a combatir más efectivamente la inseguridad en Ecuador, al hacer que los sistemas de justicia enfoquen sus recursos en las verdaderas amenazas: los sicarios, lavadores de dinero y los criminales que está detrás de la violencia”, dijo Pien Metaal, coordinadora del proyecto sobre reformas a las leyes de drogas del TNI.