Ricardo Vargas, investigador de TNI y director de Acción Andina es uno de los expertos más importantes que tiene el país en materia de narcotráfico y cultivos ilícitos. Habló con Arco Iris sobre los escenarios de despenalización, fracasos y éxitos de estas políticas anti-drogas en Colombia y la discusión alrededor de la Cumbre de Cartagena.

¿Fracasó la lucha contra las drogas?

En el caso de Colombia, sobre todo a mediados de los años 90, todo el encausamiento de las ayudas financieras se dirigieron básicamente a contener la guerra insurgente y en ese sentido uno podría decir que no necesariamente ha sido un fracaso, en la medida en que estuvo dirigida a buscar a detener el avance de la guerrilla y ese propósito en parte se consiguió. Pero la política anti-drogas como tal fracasó porque detrás de este tema hay otros intereses.

¿Cuáles son esos intereses?

Eso depende de cada país, en el caso de Colombia, era el conflicto armado interno. Con el Plan Colombia, sobre todo durante la época del presidente Uribe, se usaron 8 mil millones de dólares para fortalecer a las fuerzas armadas. En el caso de Centro América se busca resolver problemas de corrupción, de gobernabilidad, de dificultades en la administración de justicia.

También ha habido intereses económicos. En el caso de los países andinos las preferencias arancelarias. La entrada de una gran cantidad de productos de Estados Unidos sin pagar ningún arancel como compensación a la aceptación de la propuesta antidrogas de Estados Unidos, que no redundó nunca en beneficio de las zonas productoras de coca.

¿Quiénes son los grandes ganadores de esta política de lucha antidrogas en el caso colombiano?

Bueno, el Ejército colombiano logró una mejora considerable en la capacidad de combate aéreo que es un aspecto que ha podido desequilibrarle la relación de fuerzas contra la insurgencia. El inversionista grande transnacional en la medida en que se crearon condiciones de seguridad y han podido ingresar a zonas interesantes de producción minera o petrolera o de agro-exportación. Creo que toda la política anti-drogas también ambientó condiciones para el TLC. Creo que el narcotráfico es un ganador también.

¿Por qué los narcotraficantes ganan con esta política?

Porque la estrategia contrainsurgente estuvo focalizada en el sur del país, en las áreas de control de la guerrilla en departamentos como Putumayo, departamento piloto del Plan Colombia, Caquetá, Nariño y Guaviare. La zona costera quedó prácticamente desprotegida, y allí se aplicó una estrategia privatizada contrainsurgente, que hizo un despojo descomunal y que reconcentró la tierra. En una fase posterior, el capital del narcotráfico se ha invertido en agro-exportaciones, sobre todo en palma aceitera, y ellos todavía tienen control de territorios.

Hoy en día uno se pregunta cómo se puede hablar de una estrategia de consolidación en territorios que fueron objetos de despojo y de control territorial cuando todavía no se ha asumido el problema. Cuando se habla de que el problema son las Bacrim se está dejando por fuera una complejidad de articulaciones que son poderes regionales, élites ilegales emergentes, ejércitos privados que siguen vigentes, y no hay estrategia para eso.

¿Qué haría falta para enfrentar esos poderes mafiosos?

En primer lugar hay que reconocer el problema. En los diagnósticos que observamos de parte de los asesores del Ministerio de Defensa es que luego que se promovió la desmovilización paramilitar surgieron unas bandas que están llenando los vacíos dejados por los paramilitares alrededor del negocio de droga que son las llamadas Bandas Criminales. Y la estrategia es cómo combatir esas organizaciones, pero el problema es muchísimo más complejo. Se trata de cómo funcionan en los territorios los poderes mafiosos.

Un segundo aspecto es que el Estado solamente se plantea el problema en términos de violencia, pero hoy en día hay dosificación del uso de esa violencia. Los asesinatos de líderes que están peleando por la tierra no suman en términos de proporción de violencia en el país, y por eso la sensación es que esta ha disminuido. Entonces hay un círculo vicioso: hay factores de violencia latentes que están ejerciendo un poder real hoy, que pueden desatarse en un corto o mediano plazo en la medida en que vean amenazada por ejemplo la propiedad sobre la tierra. Alrededor de este conflicto podemos perfectamente entrar en una nueva fase de violencia, pues la insurgencia tendría nuevos argumentos para fortalecerse.

¿Observa virajes reales en la lucha contra las drogas después de Cartagena?

Lo que más ha concentrado la discusión alrededor de la Cumbre es el uso de las drogas. Con la palabra despenalización o legalización se ha estimulado un debate que toma en cuenta experiencias de Europa y algunas en el hemisferio americano. Creo que hay los suficientes elementos para desarrollar una política que avance en esa materia, inclusive sin modificar las convenciones de Naciones Unidas.

Pero una segunda tarea pendiente es impulsar un cambio en estas convenciones, en materia, como dije antes, de uso de drogas. O sea que en ese escenario yo creo que viene una flexibilización.

El gran problema es que la oferta y el tráfico son los grandes temas ausentes en estos debates. Y Colombia es un país básicamente de producción, de procesamiento y de tráfico. Lo que quiere decir que el país aún no ha entrado a analizar a fondo la dimensión más importante que le compete. Con el agravante de que la dimensión de la oferta y el tráfico termina siendo reemplazado por un tema de seguridad.

El presidente Obama dice: la legalización de la droga no va a resolver el problema del crimen organizado; y anuncia que están preparando una política dura contra el crimen organizado bajo otras premisas. Eso quiere decir que se va a profundizar la militarización de la estrategia en la lucha contra las drogas. Pero los problemas del tráfico y la producción siguen allí.