El papel del narcotráfico en la violencia delictiva y las respuestas de política pública en Guatemala, El Salvador y Honduras son analizados en este trabajo de Liza Ten Velde, investigadora del Transnational Institute, quien aborda los altos niveles de violencia del Triángulo del Norte y evalúa en qué medida el tráfico de drogas es responsable de esta violencia.

México ha sido el centro de atención en lo que respecta a la violencia relacionada con drogas en América Latina. Si bien este ‘enfoque mexicano’ aún prevalece, es en el Triángulo del Norte de Centroamérica – Guatemala, Honduras y El Salvador – donde actualmente se ven tasas mucho más altas de violencia y un incremento en la actividad de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, una clara ilustración del ‘efecto globo’ que México experimentase después de la implementación del Plan Colombia. En su conjunto, los países del Triángulo del Norte son ahora una de las regiones más violentas del planeta.

Si bien está claro que la violencia en Honduras, El Salvador y Guatemala es omnipresente y puede desestabilizar esas sociedades, no parece haber consenso sobre sus causas precisas. Así como en México, gran parte de la violencia se atribuye al papel cada vez más grande que América Central tiene como región de tránsito de drogas controladas destinadas a Estados Unidos.

En este trabajo se abordan específicamente los altos niveles de violencia del Triángulo del Norte y se evalúa en qué medida el tráfico de drogas es responsable de esta violencia. El debate sobre enfoques alternativos a las estrategias de lucha contra las drogas en las Américas recientemente fortalecido sugiere que se pueden esperar cambios en las políticas de drogas en la región centroamericana. No obstante, a pesar de las similitudes de los desafíos que plantean los problemas de drogas y la violencia delictiva en El Salvador, Guatemala y Honduras, las posiciones de sus líderes en este debate incipiente difieren considerablemente.

El recrudecimiento en los niveles de violencia delictiva en el Triángulo del Norte centroamericano puede atribuirse en gran medida a la creciente importancia de la región en operaciones de narcotráfico. El aumento en la presencia de OTD mexicanas y la amenaza que presentan a las organizaciones criminales locales es una fuente destacada de conflicto violento. También, los lazos entre OTD y transportistas y bandas locales se han estrechado, y estos últimos grupos han comenzado a organizarse mejor y participar activamente en el tráfico de drogas. Como se ha dicho, determinar con precisión hasta qué punto los temas de narcotráfico son responsables de la creciente violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras es imposible. Incluso determinar con precisión el papel del crimen organizado, una categoría más amplia, se ha revelado impracticable.

La correlación entre la violencia creciente y la intensificación de operaciones de tráfico de drogas, sin embargo, llama la atención. Bajo esta perspectiva, los llamados del líder de uno de estos países a buscar vías alternativas no es de sorprender, teniendo en cuenta hasta qué grado la violencia y el narcotráfico están desestabilizando la región. Sin embargo, no puede ignorarse que los enfoques de mano dura y la estrategia de militarización que los Gobiernos del Triángulo del Norte han implementado son también en buena medida fuentes de desestabilización y del alza en los niveles de violencia. Esto, combinado con la presunta utilización del narcotráfico como pretexto para aumentar el control estatal sobre las áreas con conflictos entre ciudadanos y autoridades locales ha complicado aún más la situación.

A pesar de las dificultades, no se debe dejar de lado que el llamado del presidente guatemalteco a discutir enfoques alternativos es un avance notable, que ha contribuido de manera significativa a ampliar el debate regional más allá de las estrategias actuales de combate a las drogas. Esta ha sido una verdadera hazaña, si se toma en cuenta la oposición estadounidense y la falta de acuerdo con otros países centroamericanos.

Las discrepancias entre la represiva legislación actual de control de drogas en el Triángulo del Norte, junto con los enfoques de mano dura de las autoridades regionales ante la violencia delictiva y el narcotráfico, y las propuestas alternativas es enorme, pero el Gobierno guatemalteco parece desear seriamente obtener más información sobre opciones potenciales de políticas públicas alternativas. Si bien no es realista esperar un cambio fundamental en la dirección de las actuales estrategias regionales para combatir el narcotráfico y la violencia delictiva en el corto plazo, no es del todo descabellado tener un cierto nivel de optimismo cauteloso al evaluar las posibilidades de cambios hacia una política de drogas más efectiva y humana en el Triángulo del Norte.