La vigencia de la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas en Bolivia es cuestionada porque vulnera los derechos de las personas, según un estudio realizado por Transnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

El Valle. Reclusas del penal de San Sebastián. Un estudio atribuye el hacinamiento al narcotráfico.

El estudio Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina  efectuado en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, fue presentado ayer en Buenos Aires (Argentina).

Este trabajo, señalan TNI y WOLA, es el primer estudio que explora cómo las leyes sobre drogas han contribuido al hacinamiento en las cárceles de los citados países.

“Hasta la fecha, no se ha hecho mucho para abrir el debate sobre un marco legal más humano para el control de drogas. La ley actual prohíbe el uso de drogas y castiga la posesión para uso personal con internamiento y tratamientos forzosos. A nivel doméstico ha existido siempre un mercado legal para la hoja de coca y Bolivia está tratando de cambiar el régimen legal internacional para la hoja de coca”, indica la investigación.

Observaciones. En el caso de Bolivia y México, el estudio fue realizado por Coletta Youngers, investigadora afiliada de WOLA. Las observaciones puntuales que se hacen a la Ley 1008 señalan: “No garantiza el ejercicio pleno del derecho a la defensa, la libertad provisional no existe, los tribunales y procedimientos son especiales, inadecuada tipificación de las figuras delictivas, penalización fuera de proporción y prohíbe el consumo de drogas”.

A esas observaciones a la ley antidrogas de Bolivia y su impacto en el encarcelamiento de las personas, el estudio suma las reformas al Código de Procedimiento Penal,  que estarían encaminadas a un endurecimiento de las penas y procedimientos contra las personas.

En el estudio se recuerda que “el gobierno del presidente Evo Morales anunció, desde que asumió al gobierno, que la Ley 1008 estaría sujeta a reformas. Actualmente, desde las organizaciones sociales de productores de coca se está trabajando en propuestas para reformar el régimen de la coca”.

En septiembre último, la agencia gubernamental ABI reportó que el Ejecutivo elabora la política antidroga para el quinquenio 2011-2015, según una información divulgada por el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres.

“Hasta fin de año aprobaremos un nuevo plan integral antidrogas que, a diferencia de la Estrategia de Lucha Contra del Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca, tendrá cuatro componentes”, dijo la autoridad.

Se informó que el proyecto de norma debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa, el mismo que contempla la modificación, en dos cuerpos, de la Ley 1008 de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, que está vigente desde 1988.

El estudio de TNI y WOLA también destaca que el Gobierno dio el primer paso para cambiar el régimen internacional en materia de control de drogas, con el objetivo de eliminar el estigma que cae sobre la hoja de coca. “Con una enmienda presentada por el presidente Evo Morales, en la ocasión de Reunión de Alto Nivel celebrada en marzo del 2009, en Viena, Bolivia propone quitar las referencias al consumo tradicional en dos artículos de la Convención Única de Estupefacientes de 1961”, expresa.

Cárceles con poco presupuesto

El estudio de Transnational Institute (TNI) y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) menciona que los penales de los 11 países analizados tienen "presupuestos e infraestructuras deficientes".

Penales de la región están hacinados

Las legislaciones antidrogas agravaron el hacinamiento y la crisis en las cárceles de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, advierte el estudio Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina, publicado ayer en Buenos Aires.

La investigación fue realizada por las organizaciones Transnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). “Los países latinoamericanos están enfrentando una crisis carcelaria en parte fomentada por leyes de drogas dirigidas contra consumidores que poseen pequeñas cantidades de drogas y ofensores de pequeña escala”, señala el estudio.

“Aún en los países que han implementado grandes campañas en contra el narcotráfico –como Colombia y México– el porcentaje de grandes traficantes en prisión sigue siendo minúsculo. En las últimas décadas y a lo largo del continente, las leyes de drogas han tenido un efecto devastador en la vida de las personas pertenecientes a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad, y han fracasado en alcanzar algún tipo de logro significativo en cuanto a la reducción del tráfico ilegal de drogas”, añade el documento.

“En su mayoría, las personas encarceladas por drogas no son altos o medianos mandos del narcotráfico, sino los eslabones más bajos de la cadena”, se lee en el informe de las ONG.

En ese entendido, los investigadores de TNI y WOLA sostienen que este estudio debe constituirse para los países en una “señal de alarma” respecto a la necesidad de debatir y reformar las leyes destinadas a la lucha contra el narcotráfico, para volverlas “más efectivas y humanas”.