En Estados Unidos se analiza la política contra las drogas
Miércoles, 4 de agosto, 2010
‘Alguna vez me metí a expender pequeños sobres de droga porque no tenía trabajo. Debía comprar la lista de útiles de mi hija y pagar el arriendo”. Es el testimonio de la ecuatoriana Analía S., beneficiaria del indulto que dio el Gobierno a presos por delitos menores.
El 4 de julio del 2008, la Asamblea aprobó la liberación de las personas que fueron detenidas por portar menos de 2 000 gramos de droga.
“El indulto no ha cambiado mi vida”, refiere Analía S. “Sigo pobre. Me botaron de una cárcel chica a una grande, como es la ciudad. No tengo comida, trabajo, techo para mis hijos y por si fuera poco la hoja de vida está machada por la detención”.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) y el Trasnational Institute (TNI) trabajaron con ella en un video, publicado en el portal vimeo.com/channels/119423# 13217108. Es un intento audiovisual para profundizar el debate sobre las acciones antidrogas en el Ecuador.
Según la Wola, las políticas implementadas en Latinoamérica no han reducido el tráfico. “Por el contrario, han causado graves daños colaterales en las sociedades, han saturado los sistemas de justicia y han sobre poblado las cárceles con ofensores de menor grado, mientras los grandes ‘capos’ de la droga siguen libres y aumentando su negocio”.
El TNI y la Wola también lanzaron hace pocos días un sitio en la Internet (www.druglawreform.info/index) para facilitar el acceso a los análisis sobre las reformas a las políticas de drogas.
“Cuando se mira las evidencias, las políticas de control de drogas en Latinoamérica, y en los EE.UU., no solo son ineficaces, sino que también causan graves daños a los sectores más vulnerables”, señaló Joy Olson, directora ejecutiva de Wola.
Para Pien Metaal, coordinadora del programa de TNI sobre reformas a las leyes de drogas, los problemas de tráfico y consumo “demuestran la incapacidad de crear empleo y generar ingresos en la sociedad”.
Desde Amsterdam, Metaal dijo a este Diario que se busca que sociedad y las autoridades miren distinto a los consumidores y a la gente que, por no contar con opciones de vida, se involucraron con el tráfico.
“Queremos hacer un llamado a los encargados de las políticas públicas para que tomen en cuenta el costo humano de la estrategia antidrogas”, dijo la investigadora Coletta Youngers.
“Las personas que más sufren los daños colaterales de las políticas son excluidas de los debates. Eso incluye a los presos, y en particular, a las mujeres encarceladas. En Ecuador, existen 3 176 detenidos por delitos vinculados a las drogas, según la Dirección Nacional de Rehabilitación Social. De ese total, el 19,3% son mujeres.
Analía S. asegura que lo más difícil de su encierro fue permanecer alejada de sus familiares y las personas que quiere. “Ocho años de estar sin tus hijos, de no verlos crecer es mortal”.
En Ecuador -agrega la ecuatoriana- no se sentencia solamente a la que cometió el delito, sino también se sentencia a sus familiares. Los hijos, el esposo, los hermanos sufren por igual. No se dan cuenta que quieren eliminar la delincuencia pero ellos mismo la promueven”.
