El auge del partido político del dirigente cocalero Evo Morales en las últimas elecciones parlamentarias en Bolivia, reinició el debate sobre las organizaciones cocaleras andinas y sus reivindicaciones. La desinformación existente alrededor de dichas organizaciones ha contribuido a la aparición de términos como 'narcoguerrilleros', 'narcoterroristas', etc. vinculados a los movimientos campesinos cocaleros.

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En el fondo de este debate se encuentra la relación entre la gobernabilidad, las políticas de drogas y los movimientos cocaleros. El desequilibrado enfoque del control internacional de drogas, el escaso margen de maniobra de los gobiernos y sociedades del Sur para diseñar políticas propias y autónomas y los fantasmas existentes alrededor de las organizaciones cocaleras, hacen que la gobernabilidad en los países denominados productores de coca sea todo un reto.

Este número de Drogas y Conflicto analiza las organizaciones cocaleras en el Perú y Bolivia y su interacción con los gobiernos de turno durante las movilizaciones campesinas de los últimos años. Los logros y fracasos de dichas negociaciones ponen sobre la mesa la dificultad de encontrar soluciones pacíficas y sostenibles a un tema tan complejo como es el cultivo de hoja de coca.

Editorial

Diez años después de la primera marcha cocalera en Bolivia, en la que los productores de hoja de coca del Trópico de Cochabamba caminaron más de 600 kilómetros hasta la sede de gobierno in La Paz para demostrar su indignación por los efectos de la política de drogas en su región, no hay nada que celebrar.Tampoco en el Perú, en donde a pesar de las movilizaciones campesinas, los representantes gubernamentales son aún más reacios a tratar el tema con la urgencia que requiere.

Es poco lo que sabe el público, e incluso los expertos en temas de drogas, sobre estos movimientos cocaleros.Este desconocimiento es en parte responsable de que no se busquen soluciones pacíficas y sustentables para los conflictos, y en vez de eso se propongan respuestas simplistas y violentas a un tema tan complejo como es la problemática de los cultivos de coca en estos dos países.

Los cocaleros y cocaleras - ex mineros desplazados o campesinos humildes - son víctimas fáciles de las políticas de control de drogas. Al quitarles sus fuentes de ingresos, a cambio de alternativas que no dan los resultados esperados, el desequilibrado enfoque del control internacional de drogas, combinado con el alto nivel de represión con que se aplican dichas políticas, pone al descubierto sus efectos económicos devastadores y contraproducentes.

La afirmación en el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en 2003, de que la erradicación voluntaria de los cocales constituye un éxito, no es cierto, al contrario, puede considerarse como un fracaso. Muchas zonas de producción o erradicación viven ahora en permanente tensión y violencia,y los actos de erradicación ocurren en medio de un despliegue de tropas y materiales bélicos que obligan a cualquiera a acogerse a ellos. Aunque la erradicación forzosa no tiene las características químicas del Plan Colombia, en Bolivia y Perú también ha habido víctimas y seguirá habiéndolas si se continúa implementando de esta manera. Un enfoque equilibrado que elimine el daño causado por la determinación de la comunidad internacional a “acabar con las drogas” en el lado de la oferta,sería lo mínimo necesario para hacer justicia a quienes solamente poseen cultivos.

Un problema de fondo en ambos países es la falta de margen de maniobra de los gobiernos y sociedades para diseñar políticas propias y autónomas que busquen soluciones a la crisis actual. Esta crisis es el resultado de una permanente inestabilidad política, agravada por problemas económicos estructurales en las áreas rurales con escasas opciones productivas para sus habitantes, así como de la penalización de la oferta del cultivo usado para la elaboración de la cocaína, a la cual obligan las convenciones internacionales.

Que la hoja de coca se consuma desde tiempos inmemorables y que sea parte integral de la cultura andino-amazónica, hace que su inclusión en el actual régimen internacional de control de drogas junto con su derivado cocaína, complique aún más la situación.

La noticia de la preparación en Bolivia de una propuesta dirigida a las Naciones Unidas para despenalizar el uso tradicional de la coca e impulsar un estudio sobre los patrones reales de dicho consumo, es una señal positiva de cambio. Al mismo tiempo, haría falta el desarrollo y maduración de una cultura democrática que permitiera la concertación y el consenso, en lugar del atrincheramiento en posiciones intransigentes.Además hay voces dominantes que apenas permiten y no respetan los procesos internos. En ambos artículos se hace referencia a estas voces como “La Embajada”.

En este número de Drogas y Conflicto, dos autores dan una lectura distinta sobre los movimientos cocaleros en Bolivia y el Perú, que contribuye a desmentir la existencia de supuestos fantasmas.