Por primera vez, una oficina de la ONU sugiere la despenalización del consumo de estupefacientes. Se trata de un informe realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), que será analizado por la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND) los próximos jueves y viernes en Viena, en un encuentro en el que se discutirá si se están cumpliendo los objetivos pactados en la declaración política de 2009, la cual buscaba eliminar o reducir considerablemente la oferta y la demanda de drogas hasta el año 2019.

El Espectador conoció el informe de la Onudd. Tradicionalmente, estos documentos buscaban defender el orden establecido internacionalmente. Esta vez, sin embargo, hace un viraje: dice que las políticas de drogas deben centrarse más en la salud que en la delincuencia y admite que deben reinterpretarse los tres tratados fundamentales que rigen la actual política global de drogas.

Para la Onudd, los tres instrumentos internacionales (la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988) siguen siendo aplicables para un nuevo enfoque, dado que el propósito de los mismos no es librar una “guerra contra las drogas” sino proteger la salud física y moral de la humanidad:

“Los tratados no pueden interpretarse como una justificación, y mucho menos una exigencia, de un régimen prohibicionista, sino como el fundamento de un régimen de fiscalización de drogas en el que algunas sustancias psicoactivas están permitidas exclusivamente con fines médicos y científicos en vista de que, cuando se consumen sin el consejo y supervisión de los médicos o de profesionales de la salud debidamente autorizados, pueden causar un daño considerable a la salud de la población y a la sociedad”.

En todo caso, el informe admite que en la aplicación de los tratados sigue habiendo dificultades que es preciso reconocer y debatir abiertamente. “Muchas de esas dificultades están relacionadas con ideas erróneas acerca de lo que los tratados realmente estipulan, lo cual es indicio de que se requiere una labor de sensibilización acerca del contenido y el espíritu de dichos instrumentos”.

En cualquier caso, de acuerdo con los tratados, la despenalización no supondría una legalización ni liberar el acceso a la droga, que sólo puede usarse con fines médicos y científicos pero no recreativos. Por tanto, el consumo seguiría siendo sancionable (con multas, por ejemplo), pero podría dejar de ser un delito penal.

Martin Jelsma, coordinador del programa Drogas y Democracia del Transnational Institute (TNI), dice que el informe es honesto en reconocer que las políticas represivas no han dado los resultados esperados y han tenido consecuencias negativas. El viraje que sugiere, en línea con los objetivos originales de los tratados, es un cambio de enfoque “a fin de equilibrar el régimen de fiscalización de drogas, centrándose en la salud y el respeto de los derechos humanos”. También enfatiza, por ejemplo, que la “aplicación de la pena de muerte por delitos relacionados con drogas nunca ha sido parte del espíritu de los tratados”.

El informe, en efecto, recomienda diferenciar entre cuestiones penales, centradas en el aspecto delictivo del tráfico de drogas, y cuestiones de salud pública, enfocadas en “medidas con base empírica para la prevención y el tratamiento de personas que sufren trastornos ocasionados por el consumo de drogas, considerando a los consumidores como pacientes en tratamiento por una enfermedad crónica y no como delincuentes”.

Y añade: “El encarcelamiento por consumo de drogas aumenta la vulnerabilidad de las personas afectadas por trastornos ocasionados por el consumo y por numerosas afecciones, entre ellas el VIH, la tuberculosis y la hepatitis viral. En una respuesta de sanidad pública al problema de las drogas se deberían contemplar alternativas a la penalización y al encarcelamiento de las personas que sufren trastornos ocasionados por el consumo”.

Para Jelsma, no hay duda de que la contribución de la Onudd al examen de alto nivel en Viena esta semana “refleja bien la dirección del viraje en marcha en la política mundial de drogas. El nivel de cuestionamiento al sistema de control de drogas de la ONU ha crecido tanto en los últimos años, especialmente en las Américas, que un ajuste de la posición de la Onudd era inevitable. El ‘consenso de Viena’ está quebrado y está en crisis, y con este informe se busca una nueva base para un consenso de futuro, hacia la sesión especial de la Asamblea General de la ONU en 2016. La reunión en Viena es como una prueba de fuego y las negociaciones sobre la declaración ministerial han sido más difíciles que nunca”.

El documento fue en buena parte elaborado en Nueva York por el Departamento de Asuntos Políticos de la ONU. Sin embargo, aparece bajo el nombre de Yury Fedotov, director ejecutivo de la Onudd. Fuentes cercanas al desarrollo del documento dicen que esto significa que ahora hay más interés de Nueva York y otras agencias de Naciones Unidas de no dejar el tema de las drogas únicamente en manos las agencias especializadas, sino también las conservadoras en Viena, lo cual implica que se busca unificar criterios para lograr un nuevo enfoque global.

El Consorcio Internacional de Política de Drogas (IDPC) es crítico frente a la nueva postura de la Onudd. Dice que es una falacia afirmar que el enfoque de “guerra contra las drogas” no constituye la visión de los tratados, porque el análisis de los debates que rodearon la adopción de los tratados indica que muchas partes deseaban que se eliminara la sanción penal del uso y la oferta de drogas. Además, porque la Convención de 1988 dispone explícitamente que la posesión, adquisición y producción de drogas fiscalizadas con fines no médicos ni científicos constituye un delito penal. La hoja de coca y el cannabis son dos de los principales temas normativos respecto a los cuales los tratados ofrecen poca flexibilidad.

Además, según el IDPC, los informes de la Onudd apoyan la despenalización de la tenencia de drogas, están muy lejos de apoyar que éstas se descriminalicen (que se eliminen totalmente las sanciones penales), de modificar los tratados o de crear mercados regulados, como ha sucedido en el caso del cannabis en Uruguay y los estados Washington y Colorado en EE.UU., y de nuevas sustancias psicoactivas en Nueva Zelanda. “Algunas de estas reformas quedan fuera de la competencia de los tratados internacionales de estupefacientes en su versión actual, pero surgen de los legítimos esfuerzos de los gobiernos por gestionar de forma más eficaz los mercados de drogas dentro de sus territorios”.

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@DanielSalgar1