Sueños de reforma de las políticas contra las drogas y del Régimen Internacional de Control de drogas
Policy Paper 37
Agosto de 2011
Durante los últimos años se ha insinuado la posibilidad de abrir el debate sobre la flexibilización de las políticas contra las drogas. Esto indica que a pesar de las afirmaciones oficiales de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Onudd) sobre el éxito de las políticas punitivas y represivas contra las drogas, para muchos grupos de la sociedad civil éstas no han tenido los logros que sus formuladores esperaban o pregonan.
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El actual Régimen Internacional de Control de Drogas (Ricd) es el resultado de un largo proceso que lo hizo cada vez más restrictivo, bajo el principio fundamental de que las drogas controladas solo pueden tener usos médicos y de investigación científica, y que cualquier otro uso es un abuso.
¿Cómo sería un sistema más razonable que manejara la producción, tráfico y consumo de drogas hoy ilegales de manera que se minimizaran los costos sociales asociados a dichas actividades? Y ¿cómo se podría empezar a modificar el régimen prohibicionista actual?
Se trata es de buscar políticas que generen los menores costos sociales posibles. Según este criterio se pueden formular algunas características de un sistema "razonable" de control de drogas: el RICD debería tener en cuenta las características de cada droga, ser consistente en el tratamiento de las diferentes drogas, ser consistente con las demás convenciones de Naciones Unidas sobre derechos humanos, niñez, comunidades nativas, salud, medioambiente y otros asuntos importantes, y ser dinámico para responder a la aparición de nuevas drogas, nuevos tratamientos para las adicciones, nueva información sobre los impactos del uso de drogas, etc.
Para un Ricd "razonable" habría que avanzar en algunas reformas. Un Ricd razonable tendría, entre otras cosas, un mecanismo de seguimiento a la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales independiente de la Comisión de Estupefacientes (CE), la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) y la Onudd; y un centro de investigación en el que se pudieran debatir rigurosamente posiciones diversas para hacer sugerencias para mejorar las políticas, en lugar de simplemente defender a capa y espada las políticas actuales.
Una propuesta sencilla (e ingenua) de una política novedosa sería establecer un Seguro contra las Adicciones a las Drogas (SAD). Como no es posible hacer experimentos de política que permitan consumir drogas ilegales, por ahora este seguro supondría establecer un impuesto especial a la venta de tabaco y alcohol pagado por cada consumidor, quien recibiría un seguro contra la adicción a ese
producto. Estos fondos se utilizarían para financiar programas de prevención, tratamiento y rehabilitación, así como daños a terceros. Una vez el SAD se aplique exitosamente a las drogas legales, se podrán explorar formas de aplicar un sistema similar a las drogas que hoy son ilegales, y abogar por cambios drásticos en la normatividad internacional demostrando que existen mejores opciones al prohibicionismo actual.
Aunque en la coyuntura actual es difícil proponer formas para avanzar hacia un Ricd "razonable", una coalición hispanoamericana que siga los pasos de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia y promueva un debate amplio para modificar las convenciones o elaborar una nueva, podría tener suficiente peso para al menos abrir el debate.
