El período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND) 2008 quedó designado como el momento en que la comunidad internacional debatiría los avances logrados en la fiscalización internacional de drogas durante los diez años transcurridos desde que la Declaración política del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (UNGASS) sobre drogas instara a la erradicación o reducción significativa de los cultivos, la oferta y la demanda de drogas ilícitas. El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) ha publicado un informe sobre el período de sesiones.

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En el encuentro, el debate plenario sobre esta cuestión resultó algo decepcionante, ya que muy pocos Gobiernos reconocieron o trataron los auténticos dilemas en materia de políticas que se derivan del fracaso a la hora de conseguir esta reducción significativa, o presentando ideas o propuestas sobre cómo se podría mejorar el sistema internacional de fiscalización de estupefacientes.

La reunión, sin embargo, fue también notable por muchos otros motivos como, por ejemplo, el destacado aumento en la participación e influencia de las ONG, la continuación del proceso de abierta aceptación por parte de la ONUDD de principios y prácticas para la reducción del daño, el anuncio del Gobierno boliviano de su intención de solicitar la desclasificación de la hoja de coca de las convenciones de control de drogas, algunos intercambios extraordinarios sobre el tema de fiscalización de drogas y derechos humanos, y el manifiesto desafío planteado por muchos Gobiernos a las posturas y las prácticas de funcionamiento de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

Conclusiones principales

El período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de 2008 demostró una vez más los importantes fallos de sustancia y de procedimiento que ya se han descrito en anteriores documentos del IDPC. En el contexto de la actual revisión del marco de fiscalización de drogas de la ONU y del proceso de reforma general de la ONU, que busca una mayor coherencia de todo el sistema, es sin duda el momento de estudiar algunos cambios en sus métodos de funcionamiento. El IDPC presentará algunas propuestas en ese sentido durante los próximos meses. A pesar de las frustraciones inherentes al proceso, la reunión de 2008 incluyó algunos pasos importantes en el camino hacia el desarrollo de un sistema de control de drogas que sea más equilibrado y ‘adecuado a su fin’:

• Por primera vez, la ONUDD ha apoyado de forma explícita e inequívoca un enfoque de reducción del daño para la prevención del contagio de VIH entre usuarios de drogas. Además, el informe oficial de la CND incluía un reconocimiento sin precedentes, según el cual “varios países consideran ahora que la reducción del daño es parte integral de la política global sobre drogas y que hay un creciente conjunto de pruebas que respaldan su eficacia”. Más concretamente, se hacía mención al ‘desacuerdo’ de varios Estados miembro con el hecho de que la JIFE considerara que las salas de consumo contravenían los tratados, y a que ‘algunos países’ valoraban las recomendaciones procedentes de la reunión de partes interesadas sobre el VIH/SIDA celebrada la semana anterior a la CND (se trataba de las recomendaciones de la reunión, que fomentaban claramente la reducción del daño, que tan intensamente se debatieron en el Comité Plenario).

• La JIFE se vio sometida a una constante presión para mejorar sus métodos de funcionamiento, y demostrar la base científica y los argumentos sobre los que descansan sus posturas y declaraciones. A diferencia de años anteriores, el presidente de la JIFE se vio obligado a adoptar una postura defensiva y conciliadora frente a la clara e inequívoca insatisfacción (por utilizar términos diplomáticos) de varios Estados miembro. La falta de transparencia de las actividades de la Junta también se ha explicado en cierta medida por la poca predisposición de los Gobiernos a publicar su correspondencia con el organismo. En los últimos años, el Reino Unido ha roto con esta convención, y el Parlamento neerlandés ha decidido recientemente hacer lo propio. Si su ejemplo es seguido por otros Estados, el trabajo de la JIFE estará sometido a una mayor supervisión, lo cual permitirá mejorar su calidad.

• Por primera vez se habló de forma significativa en la CND sobre las implicaciones que tienen en el campo del control de drogas las normas y las obligaciones contraídas por los Estados miembro de la ONU en materia de derechos humanos, un hecho estimulado por el informe de la JIFE, la actividad de las ONG y una resolución presentada sobre el tema. Los debates en torno a la resolución también pusieron de manifiesto la gran divergencia de opiniones entre los Estados miembro sobre una cuestión que es fundamental para una política sobre drogas eficaz. Mientras que muchos países hablaron en defensa del concepto de una mayor cohesión entre los organismos de derechos humanos y los de fiscalización de estupefacientes de la ONU, otros se sintieron amenazados por la idea de que el control de drogas se viera constreñido por el respeto de los derechos humanos de los usuarios. Este debate puso en evidencia una terrible falta de comprensión entre algunas delegaciones de lo que son sus deberes en virtud de la Carta y de los diversos tratados sobre derechos humanos de la ONU. Sin duda, este problema se volverá a tratar en los próximos meses y años.

• Finalmente (y a pesar de la falta general de una revisión plena y objetiva de los avances realizados desde 1998, y de los verdaderos desafíos a los que se enfrenta el futuro del control de drogas en la CND), hay indicios de que la ONUDD podría estar dispuesta a conducir el debate de una forma más constructiva. El discurso de Antonio Maria Costa ante la plenaria, así como el documento de sesión en que estaba basado, presentaba algunos valientes intentos por tratar los verdaderos dilemas que enfrentan los responsables de políticas en su análisis del camino que se debe seguir: 50 años de enérgica aplicación del control global de drogas no han conseguido frenar la expansión del mercado ilegal; en el mejor de los casos, se puede hablar de una estabilización o ‘contención’ del volumen del mercado en los últimos años; la aplicación de la fiscalización de drogas ha provocado varias ‘consecuencias no buscadas’ que se deben resolver; y es necesario conceder prioridad a nuevos desafíos, totalmente imprevistos cuando se concibieron las convenciones. A partir esta línea, esperamos que la comunidad internacional pueda acordar un enfoque equilibrado y basado en pruebas para orientar la política de drogas que se seguirá a partir de 2009; la alternativa pasa por el empeoramiento de la creciente polarización entre opiniones divergentes que sólo puede desembocar en una fragmentación de todo el sistema.