Entre el 21 y el 23 de febrero organizamos el que ya es nuestro séptimo ‘diálogo informal sobre políticas de drogas’, esta vez en colaboración con el Gobierno ecuatoriano y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). La reunión contó con la participación de unas 45 personas y con funcionarios gubernamentales de siete países latinoamericanos. Gran parte de la agenda se centró en los preparativos del próximo proceso de revisión de la UNGASS que tendrá lugar en Viena, aunque uno de los temas más inspiradores del encuentro fue la propuesta ecuatoriana de indultar a los mensajeros.

Indulto para los mensajeros

Uno de los temas que discutimos me pareció especialmente inspirador: la propuesta del Gobierno ecuatoriano de Correa de indultar a los mensajeros que transportan drogas. Las prisiones ecuatorianas, como la mayoría en América Latina y en muchos otros lugares del mundo, se han llenado hasta niveles imposibles de gestionar durante la última década, en gran medida debido a la creciente severidad de las leyes sobre drogas y al aumento de las penas para los que las infringen. Entre ellos, muchos mensajeros o ‘mulas’ que intentaron salir del país con una pequeña cantidad de heroína para conseguir unos beneficios económicos menores. Las leyes ecuatorianas son draconianas; no son muy distintas a las de otros países, pero en el contexto latinoamericano están entre las peores. No se realiza ninguna distinción entre pequeños comerciantes, aquellos que participan en el mercado ilegal por la falta de oportunidades laborales legales, y los ‘peces gordos’, los que organizan el negocio como integrantes de organizaciones delictivas.

Como dijo el presidente Rafael Correa, la ley actual “trata igual al jefe del cartel de Cali que a una madre soltera y sin empleo que se atrevió a llevar 300 gramos de drogas. Es una barbaridad”. Correa comentó también que era ‘absurdo’ que personas que actuaban impulsadas por la pobreza acabaran con sentencias penitenciarias de incluso 12-16 años por transportar pequeñas cantidades de drogas. Y sabe de lo que está hablando. Su propio padre, en los años sesenta, hizo lo mismo después de perder su empleo. Intentó sacar una pequeña cantidad de drogas del país, fue atrapado y pasó cuatro años en una prisión estadounidense. Al volver a casa, se encontró con una familia devastada y se suicidó de la desesperación.

Modesta pero inspiradora

La propuesta ecuatoriana es modesta: aquellos que intentaron pasar de contrabando menos de dos quilogramos, siempre que se tratara del primer delito y de que ya hayan pasado más de un año en prisión, deberían ser puestos en libertad. Se calcula, muy a grandes rasgos, que unos 1.500 detenidos en todo el país podrían ser inmediatamente liberados si la propuesta es aceptada por la Asamblea Constitucional que se ha establecido para reelaborar la Constitución y a la que se ha encomendado decidir sobre la propuesta. Desde el punto de vista legal, no es un paso sencillo, ya que plantea numerosas cuestiones: ¿qué sucede con el límite de dos quilos, considerado más o menos el máximo que puede tragar una persona? ¿Qué hay de la diferencia con los pequeños traficantes de calle, que suelen ser atrapados con menores cantidades y que no se beneficiarán con el indulto? ¿Y qué sucederá con los nuevos mensajeros que son detenidos cada día?

Las leyes actuales son inhumanas

La respuesta que los representantes ecuatorianos presentes en nuestro diálogo dieron a todas estas preguntas fue que en estos momentos sólo tenían claro que las actuales leyes sobre drogas eran inhumanas. El gesto del indulto, por tanto, debe ir seguido de una revisión exhaustiva de esas mismas leyes, una tarea que sería una de las prioridades del nuevo Parlamento que empezará a funcionar después del referendo sobre la nueva Constitución y de que se vuelvan a celebrar elecciones generales. El Gobierno de Correa es sincero sobre el hecho de que aún no conocen todas las respuestas a las actuales injusticias que pretenden reparar. Pero desean dar una primera señal con el gesto del indulto a los mensajeros: esta ley sobre drogas es absurda, y debe sustituirse por otra mejor y más humana en el futuro inmediato.

La propuesta ecuatoriana no sólo me pareció inspiradora, sino que también pareció intrigar a muchos de los representantes de otros países, la mayoría de ellos sumidos en crisis penitenciarias parecidas. Hasta la fecha, nadie ha sido capaz de presentar pruebas que demuestren que las sanciones draconianas por contravenir la legislación sobre drogas hayan influido en modo alguno en el mercado ilegal. En los Estados Unidos (el líder mundial en índices de encarcelamiento, seguido por China y Rusia), más de 1 de cada 100 adultos está encarcelado, proporción que, en el caso de los hombres negros de entre 20 y 35 años, alcanza 1 de cada 9. Las poblaciones penitenciarias de todo el mundo casi se han duplicado en las últimas dos décadas, debido en parte al endurecimiento de las leyes sobre drogas tras la adopción de la Convención sobre tráfico ilícito de 1988.

Humanizar el control de drogas