A muchos llamó la atención - y a varios, como a mí, indignó - la declaración del Presidente Felipe Calderón durante la 67 sesión de la Asamblea General de las Naciones. Nuestro mandatario habló de la necesidad de estudiar los alcances y limitaciones del actual enfoque prohibicionista en materia de drogas. Los países consumidores “deben, entonces, tienen la obligación moral de explorar todas las alternativas para eliminar las estratosféricas ganancias de los criminales, incluyendo explorar las opciones regulatorias o de mercado, orientadas, precisamente, a ese propósito” dijo durante su discurso.

Desde Richard Nixon, pocos presidentes en el mundo han adoptado contal convicción la bandera de la guerra contra las drogas. Pocosgobiernos han aceptado los costos sociales implicados o han invertidolos recursos estratosféricos en una lucha cuya ética y efectividad hoysu dirigente cuestiona. ¿Cómo ha sido la implementación de la “guerracontra las drogas” en nuestro país? Más allá del deterioro institucionaly de las muertes que la política ha significado, ¿cuáles han sido suscostos? En el texto (Des)proporcionalidad y delitos contra la salud en México (una disculpa por la propaganda personal), estudiamos algunas de lascaracterísticas que ha tenido y varios de los costos que ha implicadodicha implementación en los últimos años. Destaco aquí solo algunos:

De acuerdo con el informe 2011 de la Procuraduría Federal de la República, de 2007 a 2010, se detuvo a 284,678 personas por delitos contra la salud. De estos, 152,828 (53%) fueron en “combate al narcomenudeo”. En otras palabras, en más de la mitad de los casos, las detenciones no se trataron de narcotraficantes o grandes capos, sino de vendedores de pequeñas cantidades o personas que portaban cantidades de drogas superiores a las permitidas por ley (hay que recordar que las cantidades que se consideran para consumo personal son mínimas). Sólo en 2010, hubo en México 20,989 sentencias condenatorias por delitos contra la salud. Para ese año los delitos de posesión y consumo representaron el 78.9% de las denuncias por delitos contra la salud, presentadas ante el Ministerio Público. Y del total de las sentencias (condenatorias o absolutorias) dictadas en el fuero federal por delitos contra la salud ese año, 18,343 (80.7%) fueron por un solo delito; es decir, no se cometió otro delito además del delito de drogas por el que se sentenció a la persona. Se trata entonces de delincuentes menores, no violentos acusados, procesados y sentenciados por posesión de pequeñas cantidades de droga.

El problema al que apuntan estas cifras es el siguiente: estamos usando el grueso de los recursos de procuración e impartición de justicia para perseguir y sancionar a vendedores o usuarios de mariguana y cocaína. Esto implica menos recursos para investigar y sancionar los delitos (como el homicidio, la violación, el secuestro, la extorsión) que tienen tan lastimada a la sociedad mexicana, delitos graves que Calderón lamentó ante el pleno de las Naciones Unidas el pasado miércoles. Los costos, entonces, no solo se refieren al deterioro de las instituciones, a los recursos económicos gastados o a las vidas perdidas, también debemos considerar el costo de oportunidad que implica emplear los recursos en el combate al narcomenudeo o la posesión simple. Este costo es que menos homicidios, menos secuestros, menos extorsiones y menos violaciones se investiguen y castiguen.

La estrategia de Calderón, sin embargo, no se dio en el vacío. Fue facilitada por un derecho y un sistema penal que favorece su uso desproporcionado. Desde 1931, la legislación en materia de drogas se ha ido endureciendo para establecer, cada vez, penas más altas por los delitos contra la salud. Hoy, el máximo de pena en años de prisión para los delitos de comercio, producción, suministro, tráfico y transporte de estupefacientes, conductas que pueden suceder sin violencia, es mayor que el máximo establecido para otros delitos como el homicidio, la violación de menores, la violación entre adultos y el robo con violencia (ver gráfica). La pena máxima establecida para violación entre adultos es once años menor que la pena máxima establecida para estos delitos de drogas. El robo con violencia es penado con un máximo de 15 años, 10 años menos que estos delitos de drogas. Lo mismo sucede con la portación de armas exclusivas del ejército, una conducta indudablemente más lesiva que el transporte de estupefacientes.

“Es momento de explorar alternativas diferentes”, dijo el miércoles Calderón. No podría estar más de acuerdo pero lamento que este discurso sólo lo pronuncie en un foro internacional. No es razonable que estimemos los delitos de drogas a la par de delitos como la violación. No es razonable que insistamos en suprimir – y renunciemos a regular – un mercado que no ha hecho más que crecer en la ilicitud. No sólo la política de drogas sino también nuestro sistema punitivo requiere de una seria revisión. Debemos defender el principio que exige proporción entre un castigo y el delito cometido, entre un delito y otro.

Catalina Pérez Correa es abogada, socióloga y antropóloga del derecho. Profesora - Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y miembro del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD). Este blog fue publicado originalmente en Animal polictico.